El carismático y exitoso presidente indígena Evo Morales decidió perpetuarse en el poder y una combinación de las fuerzas armadas y policiales, de organizaciones sociales, empresariales y oligárquicas apoyadas en fundamentalismos religiosos y racistas, han decidido dar un golpe de Estado que repudiamos.

Evo Morales fue elegido en 2006 con 54% de los votos, un inmenso respaldo popular al primer presidente indígena de la República de Bolivia, más aún si se tiene en cuenta que desde 1966 ningún candidato había obtenido más del 50% de los votos.

Sin embargo, Morales modificó la Constitución (que había sido promulgada en 2009 con el respaldo del 61.43% del electorado) y en 2013 se presentó ante el Tribunal Constitucional para conseguir que su segundo mandato pasara a considerarse como el primero, con lo cual pudo re elegirse en el 2014 (el segundo periodo con la nueva Constitución en el cual logró otro triunfo contundente del 63%).

Posteriormente, en el afán reeleccionista, el Presidente Morales desconoció el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de su propio pueblo (51,3%) le dijo: “No a su re-re elección”.

En el 2017, Evo Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional declarara la invalidez del artículo constitucional que le impedía presentarse a un cuarto periodo, bajo la argucia que de impedir su re-re-re elección se “vulneraba el derecho humano esencial de toda persona de elegir y ser electa”.

Las cuestionadas elecciones del 20 de octubre de 2019 en el que su propio gobierno terminó pidiendo una auditoría a la controvertida OEA que, como lo ha hecho una gran parte de la ciudadanía boliviana, terminó señalando que se había producido un fraude electoral.

Ante las crecientes protestas en todo el país, el Presidente Evo tardó en volver a convocar a nuevas elecciones y prefirió la promulgación de los cuestionados resultados electorales del cooptado organismo que lo declaró ganador.

La extrema derecha y la manipulación internacional de EEUU y las corporaciones transnacionales que estaban al acecho (debido a la expropiación de los yacimientos mineros y gasíferos), junto a la derecha empresarial santa cruceña, han hecho el resto y secuestrando y violentando la propia seguridad familiar e individual de altos funcionarios del gobierno han obligado a dimitir al Presidente Evo Morales.

Exigimos una salida soberana, pacífica y democrática para el hermano pueblo boliviano y denunciamos el doble rasero que utiliza la OEA y la diplomacia internacional ahora mismo frente a los procesos de crisis política, de violencia permitida o auspiciada por los propios organismos del Estado y las violaciones de derechos humanos que se vienen produciendo en Chile, Venezuela y en Haití frente a los cuales la comunidad internacional incluso se está mostrando complaciente como en su momento hizo con los golpes de Estado de los gobiernos progresistas de Zelada en Honduras (2009) y Lugo en Paraguay (2012).

Lo acontecido el día de ayer en Bolivia no ha sido una dimisión, sino una expulsión del gobierno, un golpe de Estado, motivado por la presión ciudadana, la cuestionable intervención de los mandos policiales y militares, que en una democracia no son deliberativas y por la peligrosa y repudiable conducción golpista del ultraderechista y fundamentalista religioso Luis Fernando Camacho quien ha justificado los actos de violencia insurreccional e ingresado a Palacio Quemado colocando una biblia sobre la bandera boliviana, declarando que: "La Pachamama nunca volverá al Palacio. Bolivia es de Cristo".

En Bolivia no ha triunfado la democracia sino la violencia golpista fundamentalista de la ultra derecha. En Bolivia el fraude electoral que pudo haber cometido el gobierno de Evo Morales y que también ha lesionado su democracia constituye no solo un peligro para la seguridad de millones de ciudadanos bolivianos y bolivianas, sino que podría serlo para toda nuestra región.

Las tiranías como las de Maduro en Venezuela, de Piñera en Chile y Jovenel Möise en Haití no pueden ser la forma cómo construyamos condiciones de justicia social y ambiental, cómo las fuerzas democrático populares luchemos contra las fuerzas conspiradoras que se oponen a los profundos cambios que necesitamos para derrotar un sistema económico que produce pobreza, desigualdad y discriminaciones, que impide fomentar una economía al servicio del bien común y alcanzar condiciones garantizadas de sostenibilidad ecológica, sobre todo de cara a la crisis ambiental mundial que golpea más severamente a nuestros países por su condición de alta vulnerabilidad y riesgo social y ambiental.

Como lo ha declarado el presidente mexicano López Obrador, somos muchas las voces que decimos que en estas horas “instamos a las fuerzas políticas y sociales del Estado Plurinacional de Bolivia a no retroceder en la conquista de los derechos sociales y culturales alcanzados”.

Igualmente afirmamos que, ante la existencia de una Bolivia polarizada y en conflicto, incluso violenta, por la re-re-re elección y la denuncia de fraude electoral es necesario que se garantice desde la comunidad internacional las condiciones para que sea democráticamente el pueblo, sus organizaciones e instituciones constitucionales quienes decidan qué cambios que se hicieron se mantendrán o profundizarán y qué otros soberanamente se introducirán‬.

Desde ya rechazamos cualquier intento de intromisión colonial extranjera que, ciertamente desde el inicio del primer gobierno de Evo Morales, buscó desestabilizar a un gobierno que no se sometió al dictado de las corporaciones mineras y petroleras las que vieron mermadas sus inmensas ganancias por las políticas de estatización y redistribución de la renta de los recursos naturales para lograr una Bolivia más igualitaria.