Hoy, el Ejecutivo promulgó la “Ley N° 31007, Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de Personas Naturales o Jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de la pequeña minería y minería artesanal”, mediante la cual, entre otros aspectos, amplían el plazo para el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2021; hecho que, sólo beneficia al continuismo de un modelo extractivo y que, además, permite –ante la extensión de los plazos– que los impactos ambientales también vayan calando.

Ante esto, es importante recordarle al Ejecutivo que, estamos a puertas de la COP25 a realizarse en diciembre del presente año en Chile. Evento en el cual el Estado deberá dar cuenta de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y de los avances que se han realizado para hacer frente a los impactos del cambio climático. Siendo el Perú, el tercer país más vulnerable ante el cambio climático, normas como las que hoy fueron aprobadas, no hace más que contribuir al desconocimiento de los derechos ambientales y la justicia ambiental.

Asimismo, tal como lo hice en su momento y me opuse al Proyecto de Ley N° 2090/2017 que dio origen a la presente Ley, cuando este fue votado en la Comisión de Energía y Minas del disuelto Congreso de la República, hoy le pregunto al presidente Martín Vizcarra y a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, si es que a puertas del bicentenario llegaremos con la eterna formalización, que en el camino va dejando huella ecológica o, si es que cumplirán con una adecuada fiscalización ambiental, que permita la realización de una nueva minería. Una minería que vaya de la mano del enfoque intergeneracional, justicia hídrica y lucha contra el cambio climático.

Es importante destacar que la Ley N° 31007, además es ambigua al plantear una reestructuración del REINFO, sin mayor sustento técnico, ni presentar los alcances de la misma; puesto que, debemos esperar a la norma reglamentaria para saber cómo se dará dicha reestructuración y si es que ésta es pertinente o no. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la ley promulgada no cuenta con enfoques ambientales, sino sólo es el continuismo de un modelo que se intenta perpetuar e institucionalizar.

Finalmente, reafirmo mi compromiso con una minería que sea acorde a nuestros compromisos ambientales y que vea en la naturaleza derechos más allá de un enfoque antropocéntrico de la utilización de nuestros recursos.