El día de ayer, participé, en la conferencia: “Tributación en la Industria Minera”, evento académico organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, en el que estuve como panelista junto a representantes del sector empresarial minero, a fin de comentar datos de la minería actual. Un espacio necesario de participación, en el que, aunque podamos diferir con empresarios mineros, permite plantear las principales preocupaciones que tengo en materia ambiental, ante los impactos de dicha industria y frente a la defensa de la salud ambiental y el derecho de la naturaleza, como un derecho fundamental.

En la conferencia, un punto en común con el Gerente General del Instituto Peruano de Economía – IPE, Diego Macera y el Gerente de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, Enrique Ferrand fue que “la minería es importante para la economía peruana”. Sin embargo, la discrepancia es que urge crear nuevas reglas de juego, entre el sector minero y el Estado y no solo retoques a la Ley de Minería actual. En un proceso de modernización del Estado, una Nueva Ley de Minería debe contemplar derechos ambientales y el reconocimiento de que, en muchos casos, esta actividad se desarrolla en territorios de comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas. Además, una nueva ley de minería debe darse en el marco de una realidad: los efectos adversos del cambio climático.

La tributación minera debe ser revisada, debatida y ampliada. Los estudios que fueron presentados por el gerente general del IPE y los diversos consultores en el evento académico fueron estudios de parte, es decir, resultados que van de acuerdo a los intereses de las empresas mineras que representan. Debemos debatir, por ejemplo, la devolución de IGV. En el debate actual, este está tan naturalizado, al igual que la depreciación acelerada de los activos. Sin embargo, esto no puede continuar dándose de la misma manera. Los impactos de la minería en el ambiente, ameritan una revisión del tema.

Otro aspecto que salió a relucir por los expositores fueron, la elusión y evasión tributaria que merecerían estudios de detalle en los que también tendrían que escuchar a los expertos del Ministerio de Economía y Finanzas y, la SUNAT, puesto que se tendría que revisar las grandes deudas tributarias impagas hasta ahora. En esa línea, las deudas ambientales de las grandes mineras deben ser pagadas, no judicializadas.

De otro lado, discrepo con la posición planteada por la SNMPE, con relación a que, los principales problemas que enfrenta la minería están vinculados a un deficiente gasto público. Dicha aseveración, es solo una parte pequeña del principal problema, el cual no se quiere ver. La minería es una fuente de conflictos sociales por los daños ambientales generados durante años y que hasta ahora no han sido remediados, pero también porque ese “nuevo” sector minero del que nos hablan, no lleva consigo la responsabilidad ambiental. El principio contaminador pagador es su emblema, mientras las poblaciones se van cansando.

En conclusión, en los expositores existe desconocimiento de los derechos de la propiedad de las comunidades campesinas, de los procesos de consulta previa, sobre expectativas de mejoras que generan sin que sean sostenibles económica, social y ecológicamente. Por todo ello, es urgente el debate sobre una nueva ley marco para otra minería, una minería responsable y en la que los derechos ambientales y la justicia hídrica sean un emblema.