El viernes último, presenté el Proyecto de Ley N° 4796/2019-CR: “Ley que Regula la Licencia Social para las Actividades Extractivas” que plantea la regulación de la llamada Licencia Social, a la cual las empresas extractivas –en especial en el subsector minero– recurren de manera arbitraria y, sin que existan reglas precisas que permitan el alcance de la misma. Situación que, ha permitido la vulneración de los derechos fundamentales de quienes se ven afectados y afectadas –directa e indirectamente– por los impactos de dichas actividades.

En ese sentido, ante el debate generado sobre la licencia social, se hizo evidente la existencia de una falta de regulación respecto a la misma. Es por ello que, el Proyecto de Ley de Licencia Social, tiene como finalidad, establecer un marco institucional que permita la regulación, planificación y gestión de ésta, aplicada a todas las actividades extractivas, que se realicen en el país.

Es así que, la propuesta normativa establece los principios, lineamientos, componentes e instrumentos que permiten el desarrollo de la licencia social para las actividades extractivas, en los que, el Estado tiene un rol fundamental, en la gestión de la transformación de los conflictos eco territoriales.

Es por lo expuesto que, el presente proyecto normativo, tiene como eje central la interacción entre el Estado, las poblaciones afectadas –directa e indirectamente– y la empresa, para una comunicación temprana y continua, ante los proyectos extractivos a desarrollarse. El objetivo de esa comunicación e interacción debe ser, sin duda alguna, el reconocimiento y defensa de derechos fundamentales de quienes se verían afectados por las actividades extractivas a desarrollarse.

Por otro lado, el proyecto normativo, presenta un enfoque ambiental transversal, que permite el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Asimismo, tiene un enfoque de interculturalidad, que permitirá que tanto el diálogo, como los acuerdos que sean adoptados en el marco de la construcción de la licencia social, sean –ante casos de comunidades, pueblos indígenas u originarios– desde el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Adicionalmente, este proyecto cobra relevancia, en tanto vivimos un escenario de conflictividad ecoterritorial constante, como es el caso de Tía María, en la provincia de Islay, en la región Arequipa. Así, el proyecto de ley tiene como uno de sus principios, el empoderamiento de las poblaciones que se enfrentan a las empresas extractivas, lo cual permitirá la reducción de las asimetrías de poder.

Es preciso señalar que, este proyecto de ley, nos permite hacer frente a una realidad que viene sucediendo en la industria extractiva; la cual arrasa con derechos territoriales y que, además, se sirve de prácticas erradas que terminan por generar la criminalización de la protesta y, por ende, la intimidación y hostigamiento de los defensores ambientales y territoriales.

Finalmente, con esta iniciativa legislativa, reafirmo mi compromiso, por un país libre de contaminación ambiental, en el cual se reconozcan los derechos fundamentales y en el que, el buen vivir se encuentre por encima del extractivismo desmedido, más aún en un escenario de cambio climático en el cual las decisiones que tomemos, repercutirán en las generaciones futuras.