Lima, 14 de agosto de 2019.

Frente a la condena de seis años de prisión dictada contra el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, como coautor no ejecutivo de un delito contra la tranquilidad pública durante la protesta conocida como el 'Aymarazo' en el 2011, reitero que es un claro ejemplo de criminalización de la protesta social en donde se ven manifestados el carácter selectivo y opresor del sistema penal, en donde se está usando al derecho penal como una herramienta para presentar como criminales a quienes lideran la disidencia política en defensa de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Asimismo, sostengo que es necesario distinguir claramente los actos vandálicos que ocurrieron en el Aymarazo, los cuales deben ser investigados y sancionados, del legítimo derecho a la protesta que le asiste a todo ciudadano cuando considera que el medio ambiente en el cual se desenvuelve, así como su estilo de vida, se ven amenazados por determinados proyectos extractivistas que ponen en peligro sus derechos fundamentales y, particularmente, en el caso de los pueblos indígenas o las comunidades campesinas se amenaza sus derechos territoriales, su propia existencia. Ciertamente, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el legítimo derecho de protestar y siempre debemos tener en consideración la centralidad de los métodos de la no violencia activa en las protestas, las lecciones de Gandhi y Martín Luther King son fundamentales. Sin embargo, el no hacer la distinción referida representa un precedente nefasto en lo que respecta a la protección de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.

Es necesario resaltar que, en la sentencia de primera instancia, que luego fue anulada por la Corte Suprema a través de la Casación N° 173-2018, la Fiscalía adujo que la causal para descalificar la condición indígena de Walter Aduviri era 'porque tenía instrucción superior' y que el convenio 169 de la OIT no se aplicaba, “pues este rige para las comunidades en el ámbito de su territorio”. Se tiene que esperar a evaluar la sentencia completa, pero todo indica que esta nueva sentencia de primera instancia repite las aberraciones cometidas en la que fue anulada, desconociendo no solo todas las consideraciones propias de la pertinencia cultural que debe existir en estos casos, sino también usando la dogmática penal como una herramienta de criminalización.

Destaco que el tema de fondo es el carácter del Estado como un instrumento de la dominación de clase y del derecho penal como arma de un Estado represivo y selectivo. Un Estado con estas características limita todas las libertades democráticas, y discrimina en cuanto no reconoce la existencia de la pluriculturidad de los pueblos originarios.

Este fallo hay que entenderlo también en el contexto de que la primera sentencia dictada contra Aduviri, en julio de 2017, que fue ratificada por la Sala Penal Liquidarora de Puno, fue anulada el 05 de octubre de 2018 por la Corte Suprema, pues no estaba debidamente motivada. Esperemos que no se tenga que esperar a que la Corte Suprema anule el juicio y sea la Sala de Apelaciones la que, a la brevedad posible, corrija los errores y absuelva al gobernador Walter Aduviri.

En síntesis, lo cuestionable de dicha sentencia es, por un lado, que busca instrumentalizar el Derecho para impedir el derecho a la protesta y particularmente criminalizar las protestas indígenas, lo cual constituye una discriminación repudiable; y, por otro lado, se estaría buscando neutralizar a uno de los líderes de la disidencia política más influyentes y de mayor legitimidad en la región Puno (48.1% de los votos en primera vuelta) para que no pueda participar en los próximos comicios electorales, toda vez que está a punto de aprobarse la reforma constitucional que impide a personas condenadas en primera instancia a postular a cargos de elección popular. Urge que se debata en todos los espacios posibles.

Finalmente, como congresista del Frente Amplio y ex presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos y Ambiente y Ecología, ratifico mi compromiso con los pueblos originarios y los ciudadanos y las ciudadanas que a diario protestan contra las injusticias ambientales y sociales.

Marco Arana Zegarra, Congresista de la República