Aunque el propósito declarado del proyecto de ley (PL) presentado por el Presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales al 2020, equivocadamente aparezca como “el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la cual se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente perjuicio a la ciudadanía”, lo cierto es que ha sido planteado y ha generado gran rechazo en los causantes de la crisis que no son otros que la mayoría congresal fujimorista y sus aliados (Apra, Cambio 21, Contigo y sus congresistas “topos”) más sus aliados empresariales en el Club de la Construcción y otros agazapados en los gremios empresariales que se propusieron recuperar la mesa directiva del desprestigiado Congreso para la legislatura del 2019-2020.

La Doble Causalidad de la Crisis Actual

Equivoca el Presidente al creer que la crisis política es solo “por falta de consensos entre los dos poderes del Estado”. La crisis política tiene como eje central la resistencia que ejercen y la impunidad en la que se han atrincherado los poderes económicos y políticos corruptos que han sido descubiertos en el marco de las investigaciones Lava Jato y que han puesto al desnudo a sus operadores políticos y en el corazón del propio sistema de justicia. Y, de otro lado, en la enorme insatisfacción ciudadana por ausencia de reformas sociales, económicas y ambientales profundas, en las cuales el gobierno ha mostrado su insensibilidad e ineptitud.

Si bien es cierto que, frente a los escándalos de congresistas que habrían delinquido (falsificando certificados de estudios y títulos profesionales, metiendo la mano y acosando a mujeres, robando gasolina o usando influencias para obtener contratos públicos a cambio de prebendas, obstruyendo la justicia blindando en el Congreso a funcionarios de justicia corruptos, etc.) el presidente Vizcarra ha sabido capitalizar políticamente ese descontento ciudadano, no es menos cierto que hay angustia por la insensibilidad para reconocer la deuda social de los maestros, por las pensiones miserables de los jubilados; por la falta de respeto de los derechos ambientales pisoteados por las mineras y petroleras como viene ocurriendo en Islay con el intento de imponer Tía María o la contaminación petrolera de la Amazonía; por la amenaza a los derechos laborales que han denunciado las principales centrales sindicales; por el abandono de los pequeños y medianos productores agrarios y ganaderos; por la asfixia de los textileros de Gamarra por el ingreso de los productos chinos con dumping; las grandes exoneraciones tributarias a mineras, petroleras, agroexportadoras y pesqueras; junto a la incapacidad para disolver los contratos de la corrupción en los peajes; la incapacidad para cobrar las grandes deudas de las empresas y los abusos de las AFPs a la par que el retraso injustificable de las obras de reconstrucción en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017. Malestares que tienen que ver en el fondo con el continuismo de la política económica neoliberal consagrada por la Constitución fujimorista que debilitó el Estado al máximo y sometió todos los derechos a las leyes del mal llamado “libre mercado”.

Bien haría el Presidente Vizcarra en percatarse de la doble causalidad de la crisis política: amenazas a la lucha contra la corrupción y la falta de una profunda reforma social, económica y ambiental. La primera se combate con la renovación de las mafias políticas y empresariales que han tomado el Congreso y bien por ello por la iniciativa del adelanto de las elecciones generales. Pero la segunda, requiere una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución como lo propusimos en los proyectos de ley presentados por el Frente Amplio ya en el 2018.

“¡Que se Vayan Todos!” Y las Ironías de la Crisis Política

El PL presentado hoy por el presidente Vizcarra al Congreso de la República bien recuerda que en la vida hay “unas de cal y otras de arena”, o mejor aún: para los fujimoristas que presentaron los Proyectos de Ley 4362 y 4368 bien se cumple el aforismo bíblico de “quien a hierro mata a hierro muere”, pues ambos PL se centraban en la prohibición expresa de que Vizcarra no podría re-elegirse y ahora los que no pueden re-elegirse son los congresistas, una medida extrema pero que halla su explicación en el inmenso repudio ciudadano a un Congreso encubridor de corruptos y lejano de las necesidades ciudadanas.

Los dos PL del fujimorismo respondían al objetivo obsesivo de la bancada fujimorista de cerrar el paso a la re-elección inmediata de Martín Vizcarra. Los PL obedecían al hecho que, asumida la presidencia, Vizcarra (que se había reunido en secreto hasta dos veces con Keiko Fujimori) dio muestras que no iba a dejarse llevar de la nariz por la cuestionada jefa de la bancada fujimorista que necesitaba como “cuestión de sobrevivencia” un Ejecutivo que no avalara los avances de las acciones de las fiscalías anticorrupción.

El PL del Ejecutivo está centrado en la prohibición de la postulación del propio Martín Vizcarra a una inmediata elección presidencial, con esta formulación les quita la pesadilla a los congresistas fujimoristas que habían presentado hasta dos PL 4362 y 4368 que tuvieron como único propósito este impedimento.

Sin embargo, lo irónico de este juego político es que la renuncia a la re-elección de Vizcarra va de la mano con la propuesta del adelanto de elecciones generales que terminará sacando a los congresistas fujimoristas de la trinchera de impunidad en la que han convertido la inmunidad parlamentaria para el periodo inicialmente previsto del 2016 al 2021 y que ahora con el adelanto de elecciones la perderían desde setiembre del 2020, esta y no otra es la razón de sus furiosos comentarios. Con el agravante, que ahora que los fujimoristas andan pidiendo la renuncia de Vizcarra para que asuma la presidencia Mechita, si se sigue el tenor del PL 4368, tampoco podría postularse a la próxima elección presidencial. Las expectativas de querer ser presidenta del Perú, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones tendría que aplazarse al menos para el 2025, otra ironía política es que quien se lo impediría es precisamente la propuesta legislativa del fujimorismo y nada menos sustentando que es así “para favorecer la lucha contra la corrupción” (exposición de motivos del PL 4368).

Necesidad de una Solución Verdadera y de una Mayor Consecuencia Política

Si como dice la sustentación de motivos del PL del Ejecutivo: “Con el propósito de que no quede duda de la vocación democrática de esta propuesta, y según lo dispuesto por la Constitución, se plantea que este proyecto de reforma constitucional sea aprobado en primera votación por el Congreso y posteriormente sometido a referéndum, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar de manera directa en esta decisión. El referéndum incorpora manifestaciones de la democracia directa dentro de la democracia representativa que rige en nuestro país y permite a la ciudadanía participar del proceso de toma de decisiones” (pág. 13) en realidad, no debiera apocarse el presidente Vizcarra, el mismo que conoce la problemática del centralismo limeño, la falta de diversificación productiva, las enormes desigualdades incrementadas y no resueltas por el crecimiento económico sin sustentabilidad ecológica; la consagración constitucional del Estado débil cuya mayor expresión visible es la infectación que han hecho los corruptos en todas las instituciones públicas, debería saber que la invocación a los mecanismos de la democracia directa como el referéndum debieran también extenderse a la consulta ciudadana para contar con una Nueva Constitución para lo cual debería someterse a referéndum la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

Hasta ahora, el presidente Vizcarra ha dejado pasar este tema central y es acaso porque enfrentarse al Congreso deslegitimado sí rinde respaldo en las encuestas, mientras que en su debilidad gubernamental acaso teme que el empresariado mercantilista, aliado de los políticos corruptos, si le puedan restar puntos en las encuestas.

El Frente Amplio y la Tarea Pendiente

Grave error, que el Presidente y su entorno consideren que la crisis política no tiene nada que ver con los grandes poderes económicos corruptos que sustentan el Estado débil, inepto e ineficiente que el fujimorismo constitucionalizó en 1993. Los cambios que el Presidente no quiera hacer ahora, sin duda los deberemos hacer quienes no temamos enfrentar las oscuras y lucrativas relaciones entre los poderes políticos y los poderes económicos. El Frente Amplio ha demostrado con creces que puede hacerse cargo de esa necesaria y noble tarea, por el Perú que queremos y que defendemos.

Marco Arana Zegarra

Congresista del Frente Amplio

Lima, 02 de agosto de 2019.