Desde el inicio de mi gestión como congresista de la República, asumí el reto de velar, entre otros aspectos, por la sostenibilidad ambiental, la justicia ambiental y el buen vivir. Por ello, una de las primeras propuestas legislativas presentadas, fue el “Proyecto de Ley N° 283/2016-CR – Ley de Conservación y Protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas”, cuyo objetivo era la preservación del recurso hídrico, ante la depredación del mismo a manos de actividades extractivas y con miras a la adaptación al cambio climático.    

Dicho Proyecto de Ley dio lugar a la “Ley que Modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la Identificación y Delimitación de las Cabeceras de Cuenca” (en adelante, Ley N° 30640), la cual fue promulgada el 15 de agosto de 2017. Dicha norma permite, entre otros aspectos, que el Estado reconozca que las cabeceras de cuenca son zonas de alta vulnerabilidad, debido a que no sólo son la fuente de origen de agua, sino que permiten redes hídricas conectadas; lo cual da vida a ecosistemas y a la preservación de los mismos.

Ahora bien, la norma en mención, la creación del “Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca” (en adelante, Marco Metodológico), el cual debía ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) y, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo de 365 días, lo que se venció el pasado 16 de agosto del 2018, por lo que el Ejecutivo viene incumpliendo la Ley N° 30640 e incurriendo en una grave responsabilidad ambiental y, en la falta de voluntad política para prevenir la alta conflictividad existente alrededor de la disponibilidad y acceso de los recursos hídricos.

Cabe indicar que el Marco Metodológico permitirá la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, lo cual determinará las zonas de restricción para derechos de uso de agua, en tanto son zonas vulnerables. Dicho Marco Metodológico, deberá contemplar la validación de los componentes ambientales que se ubican en las zonas identificadas, a fin de medir la fragilidad de las mismas. Sin ello, el Ejecutivo, estaría no reconociendo la importancia de la norma propuesta y afectando directamente a las comunidades y localidades que se benefician de las cabeceras de cuenca, y de otro lado, favoreciendo intereses económicos que están o pretenden intensificar sus actividades económicas precisamente en estas zonas vulnerables.

Ante ello, desde mi despacho congresal, he insistido en la aprobación del Marco Metodológico, no sólo a través de la remisión de oficios a la ANA y a la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también, a través de reuniones con funcionarios de dicha Institución; en las cuales, como respuesta sólo hemos obtenido que vienen levantando las observaciones efectuadas por los Ministerios del Ambiente y, de Energía y Minas, sin establecer metas y plazos para la aprobación del Marco Metodológico.

Como Congresista de la República y defensor ambiental, denuncio que el Ejecutivo no sólo está incumpliendo la Ley 30640, sino también los compromisos internacionales asumidos en las Conferencias de las Partes contra el Cambio Climático y la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga al Estado a velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos. Asimismo, no podemos continuar haciendo uso desmedido de nuestros recursos hídricos y destinarlos mayoritariamente para actividades extractivas o para las grandes agro exportadoras, olvidándonos de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y la población en general.

Cabe señalar que, mi región Cajamarca, diversos gremios de productos agrarios, Frentes de Defensa, rondas campesinas, vienen convocando para el 06 de febrero una jornada de lucha, anunciando un paro indefinido, si el Ejecutivo continúa postergando la aprobación del Marco Metodológico. En ese sentido, denunciamos que el Ejecutivo –ante sus constantes incumplimientos ambientales– será el único responsable de la exacerbación de conflicto social y de cualquier acto confrontacional que se realice en dicha paralización.

Finalmente, reafirmo mi compromiso con la defensa del buen vivir y la búsqueda de la justicia ambiental, para el aseguramiento de las generaciones futuras y hacer frente al cambio climático, por un país ambientalmente sostenible, para el cual hemos venido aprobando importantes leyes como la Ley de Cabecera de Cuenca y, la Ley Marco de Cambio Climático en el Perú.

Marco Antonio Zegarra

Congresista de la República