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Alan garcia  y keiko fujimori. foto: el comercio

La corrupción del caso Lava Jato

Publicado: 2018-11-10

Los delitos son varios, los ladrones muchos y los cómplices aún más. Todos quisieran quedar librados de investigaciones y de las respectivas sanciones, pero sus operadores de justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial y el Ministerio Público han caído, están cayendo o van a caer. Sólo algunos fiscales, como Rocío Sánchez, Sandra Castro, Rafael Vela, José Domingo Pérez o jueces como Roque Huamancóndor y Richard Concepción Carhuancho son quienes investigan a toda una red de corrupción que involucra a políticos, jueces y fiscales que, por sus vínculos con la corrupción, vienen siendo protegidos tanto por los apristas y fujimoristas. Fuerzas políticas que, una vez más, se unen como cómplices de la impunidad. 

LOS PECES GORDOS BUSCAN IMPUNIDAD

Lo vemos ahora, en el debate del informe de la corrupción por el Caso Lava Jato, en el cual el fujimorismo y el APRA se han aliado para impedir que se investigue a sus principales líderes, Keiko Fujimori y Alan García. Pese a ello, van cayendo algunos corruptos, generalmente los medianos y pequeños. Los grandes aún quedan libres. Desde el Frente Amplio, no cederemos hasta que la justicia alcance a toda esa red, incluidos los líderes de dichas fuerzas políticas. El Frente Amplio, comparte la misma indignación que la ciudadanía muestra día a día.

Alan García, el más hábil y astuto, inventa desde Madrid supuestos golpes de Estado para señalar que es víctima de una persecución política. Alejandro Toledo está prófugo y no hay visos de que será extraditado prontamente. Keiko Fujimori y sus operadores políticos tratan de amedrentar y deslegitimar la investigación penal que se le sigue con tres líneas de defensa: ataque al fiscal Domingo Pérez y al juez Concepción Carhuancho; defensa del controvertido Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y; apelando al sentimiento ciudadano con la aflicción de sus hijas. El juez César Hinostroza quién fugó a España contratando costosos servicios de abogados y que se valió del blindaje aprofujimorista en el Congreso de la República para decir que no era miembro de una organización criminal.

Esta situación crítica sólo nos recuerda a los hechos vividos durante la dictadura del fujimorismo en la década de los noventa y su caída en el 2000. Hechos que develaron la pérdida de la institucionalidad y de nuestro Estado. Hoy, repetimos la historia o, quizás, nunca dejamos de estar en ella.

La corrupción afecta los derechos sociales

El Frente Amplio denuncia ante el país que la corrupción ha robado dinero público y con ello afecta a nuestros pueblos: menos obras de agua y desagüe, menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras, pensiones y sueldos públicos indignos. Han robado miles de millones de dólares que bien podrían haber servido para construir obras de agua y saneamiento, puestos de salud, medicinas y ambulancias, escuelas y carreteras. La corrupción es un delito que afecta a todos los peruanos y peruanas, pero de manera mortal a los más vulnerables, quienes tienen menos oportunidades y menos opciones.

¿Quiénes lo permitieron?

Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Todos ellos ayudaron a diseñar en nuevo estado neoliberal: el Estado fue debilitado para que pudieran robar más. El interés público fue sometido al interés de las grandes empresas privadas, los intereses económicos se privilegian por encima del bien común, los derechos sociales fueron convertidos en mercancías. Es el neoliberalismo de la Constitución que dejó el fujimontesinismo siguiendo el Consenso de Washington. Robaron de arriba a abajo, de derecha a izquierda.

Desde presidentes de la República, ministros, viceministros, jefes de proyectos especiales, muchos gobernadores regionales y alcaldes, todos ellos, atacaron al Estado desde sus arcas y abandonaron lo más importante, a los ciudadanos y ciudadanas.

En el espectro político e ideológico: desde Susana Villarán a Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Alan García, el cual busca quedar nuevamente librado por el pacto político infame que ha sellado con el fujimorismo para quedar, junto a Keiko Fujimori, fuera del alcance del informe congresal de la corrupción del caso Lava Jato.

El dinero de las empresas corruptas ha fluido desde las etapas de campañas electorales

Las declaraciones de Jorge Barata ante los fiscales peruanos por el Caso Lava Jato han establecido que la corruptora Odebrecht dio 200 mil dólares al ex ministro Luis Alva Castro para el financiamiento de la campaña política de Alan García, asimismo que dieron a Jaime Yoshiyama un millón doscientos mil dólares para la campaña electoral de Keiko Fujimori. Importantes empresas peruanas han participado de este cartel de corrupción: Graña y Montero, JJ Camet y las demás consorciadas de las empresas brasileñas agrupadas en el denominado “Club de la Construcción”.

Recibidos estos aportes en la campaña electoral, cuando los políticos salieron electos, desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso hacían leyes y tomaban decisiones para favorecer a sus aportantes que terminaron robando los fondos públicos.

La clave ha sido tener impunidad asegurada

Para quedar cubiertos de sus delitos, estos políticos corruptos han buscado tener el control del Consejo Nacional de la Magistratura que evalúa, ratifica y nombra a todos los fiscales y jueces del Perú. De esta magnitud escandalosa y gravedad es el descubrimiento de la mafia de “Los Cuellos Blancos del Puerto” que involucra a políticos, empresarios y varios niveles de magistrados del Sistema de Justicia peruano.

Los lobbistas y sus tecnócratas les han robado a las peruanas y peruanos

Personajes como Cecilia Blume que es mencionada en el informe Bartra, consultoras, bufetes de abogados y demás lobbistas, con respaldo en poderosas empresas de medios de comunicación, han colocado por más de veinte años su discurso ideológico neoliberal en la mente de la gente: “el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado es lento e inoperativo” y lo que vino fueron empresarios y sus tecnócratas, sus consultores, sus bufetes de abogados y sus árbitros que han robado a manos llenas las arcas del Estado.

Dijeron que pagando más a los funcionarios ya no robarían. ¡FALSO! robaron más. Estos son los salarios de costosos tecnócratas encumbrados en las más altas instancias ejecutivas del gobierno (en soles):

- Ministros: 30,000

- Superintendente SUNAT: 25,000 

- Superintendente de SBS: 41,600

- Jefe de ProInversión: 29,600

- Jefe de OSITRAN: 15,600

El Pacto de impunidad del Fujimorismo y el APRA

El informe de la mayoría que fue dirigido por la congresista fujimorista Rosa María Bartra excluye de las investigaciones a Alan García y Keiko Fujimori. Con su mayoría de votos impidieron que se reconozca la existencia del Informe en Minoría preparado por el congresista de la Bancada del Frente Amplio, Humberto Morales, que incluía a estos dos personajes.

Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo, hemos aportado y valoramos que el Informe de Mayoría aporte importante información sobre la corrupción de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas, sin embargo, no seremos condescendientes con la impunidad que le otorgan a Alan García y Keiko Fujimori. La Lucha contra la corrupción para ser eficaz tiene que ser contra todos los corruptos, sin concesiones.

¡El Estado neoliberal, su constitución, sus tecnócratas han quedado desnudos: no sirven más!

¡Contra la corrupción, Nueva Constitución!

Intervención en el Pleno del Congreso por el debate del Informe en Mayoría de la Comisión Lava Jato


Marco Arana Zegarra

Congresista de la República – Frente Amplio

Lima, 08 de noviembre de 2018


Escrito por

Marco Arana Zegarra

Cajamarquino, sociólogo. Ecopolítica y derechos humanos. Líder de Tierra y Libertad.


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