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Ministra del ambiente fabiola muñoz. foto : La república

Los vaivenes del Minam

DEL ACUERDO DE ESCAZÚ A LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS

Publicado: 2018-10-09

Recientemente el Ejecutivo, a través de la Ministra del Ambiente, firmó el Acuerdo de Escazú, en medio de una ceremonia llevada a cabo en la sede de Naciones Unidas. Este importante documento, plantea –entre otros aspectos– el fortalecimiento de la justicia ambiental y de los defensores ambientales; los cuales –en nuestro país– vienen siendo víctimas de la lucha entre desarrollo inversionista y sostenibilidad ambiental.  

En esa línea, el Acuerdo de Escazú, obligará además, al Estado peruano a fortalecer los mecanismos de acceso a la información, en aras de lograr hacer frente a la corrupción que ataca también el sector ambiental.

Sin duda, el Acuerdo de Escazú, se posiciona como el primer instrumento internacional que busca garantizar los derechos fundamentales de los defensores ambientales, pero que además permite allanar el camino hacia el reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano.

En ese sentido, la firme declaración del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante la ceremonia llevada a cabo el 27 de setiembre último, debería llevar a que el MINAM dicte medidas concretas de protección de nuestros luchadores ambientales, los cuales se enfrentan día a día, contra taladores ilegales, empresas extractivas, entre otros, por la defensa del medio ambiente y de sus territorios. Recordemos, casos como los de Edwin Chota, que fue asesinado porque no tuvo dicha protección por parte del Estado, y privado de ser la voz de la comunidad nativa Saweto.

Como he señalado públicamente, es incoherente que el MINAM –ente rector de nuestras políticas ambientales– es el mismo sector que ha dado la conformidad al proyecto de ley que da luz verde a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual estaría siendo llevada al Pleno del Congreso, para su debate y posible aprobación, en los próximos días.

Al respecto, el proyecto de ley en mención señala que “las normas o dispositivos reglamentarios de otros sectores u otras entidades del estado, que tengan incidencia en las actividades de hidrocarburos, deberán contar con la previa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas”. Situación que vulnera la rectoría y mandato del MINAM y, pone en riesgo la institucionalidad ambiental.

Otro de los riesgos evidentes de la posible nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, es el Artículo 87° de la misma, el cual hace referencia a infracciones tras la generación de un daño real y muy grave a la vida, a la salud de las personas o al ambiente, de conformidad con el marco jurídico vigente. Por lo demás, este supuesto es contrario a la propia normativa ambiental, ya que los Estudios de Impacto Ambiental no cuentan con una línea base respecto a la salud de las personas. Aspecto que hemos venido exigiendo que se haga, modificando los Términos de Referencia de los estudios de impacto ambiental, pero que, a la fecha, el Ministerio de Energía y Minas no ha dado muestras de querer hacerlo. Cabe indicar que, al no haber ello, el problema está en el nexo de causalidad y, la carga probatoria ambiental.

En este recuento de posibles riesgos, en los que se evidencia como el discurso de nuestro ente rector en materia ambiental se desvirtúa, dependiendo del escenario en el que se dé, encontramos que no considera los criterios sobre protección ambiental, que han sido dados a través del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y el propio MINAM.

Ahora bien, tal como se señaló al inicio del presente documento, el Acuerdo de Escazú promueve la defensa de luchadores ambientales, los cuales en nuestro país están vinculados – en su mayoría– a miembros de pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, el proyecto de ley de hidrocarburos, no cuenta con un procedimiento claro para los casos de servidumbre de paso. Así, se podrían vulnerar derechos colectivos como el territorio; por lo que, amerita que para aquellos casos, se recurra a la consulta previa aplicada a los pueblos indígenas u originarios que se vean afectados.

Es preciso recordar al MINAM algunos hechos, además del Acuerdo de Escazú. El Perú, ha venido asumiendo compromisos en las diferentes Conferencias de las Partes; las cuales tienen, como una de sus finalidades, hacer frente al cambio climático. Ello, en aras de la defensa del medio ambiente, se contraviene con los alcances de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que el propio sector ambiental respalda.

No podemos avanzar internacionalmente en firma de acuerdos, que luego son inconsistentes con diferentes políticas públicas de Estado, sin dejar de ver y entender que las políticas estatales deben estar vinculadas. Hablemos de justicia ambiental, sin poner por encima de derechos fundamentales, la inversión sin medida.

En mi entender, si el Acuerdo de Escazú no va a ser letra muerta y un acto protocolar, hay que ver cómo se traduce en políticas públicas y leyes que garanticen la política ambiental y no sobrepongan a ella, las inversiones que, para ejecutarse requieren el debilitamiento de la institucionalidad ambiental.


Escrito por

Marco Arana Zegarra

Cajamarquino, sociólogo. Ecopolítica y derechos humanos. Líder de Tierra y Libertad.


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