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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. FOTO: OEFA

Hacia un verdadero fortalecimiento de la fiscalización ambiental

Alcances sobre el Decreto Legislativo N° 1389

Publicado: 2018-09-13

La reciente promulgación del Decreto Legislativo N° 1389, mediante el cual se fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha despertado diferentes voces con relación a aspectos positivos y negativos de la fiscalización ambiental. Ante ello, como Congresista de la República comprometido con la institucionalidad ambiental, el fortalecimiento del enfoque de la misma y, con la sostenibilidad ambiental, me permito hacer un balance del Decreto en mención.

A simple vista, el Decreto Legislativo N° 1389, se muestra como un avance en la fiscalización ambiental, sin embargo, de la lectura exhaustiva del mismo podemos ver que esta posible “bondad” no es del todo cierta.

Debemos señalar sí, que un avance en la fiscalización ambiental es reconocer que no sólo el Tribunal de Fiscalización Ambiental es la única instancia decisoria, en la figura de la fiscalización ambiental. Así, la norma actual reconoce que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, desde su Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, actúe como un primer espacio en el cual se resuelva sobre los incumplimientos ambientales producto de las acciones de los titulares de las actividades económicas a cargo del OEFA.

Ahora bien, este Decreto Legislativo, presenta una aparente modificación con relación a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)[1], al indicar que –a partir de ahora– estas tendrían facultades para dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas; las cuales permiten hacer frente a los impactos adversos al ambiente. Sin embargo, señalar esto como algo novedoso es desconocer que nunca estuvieron impedidas para realizar tales medidas[2]; ya que, además, de acuerdo al Régimen Común de la Fiscalización Ambiental[3], estas pueden realizar acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, evaluación, supervisión, fiscalización y otras similares.

Entonces, la pregunta que todos y todas nos haríamos es, si la reciente norma no permitiría que aquellas medidas dictadas con anterioridad sean nulas o, si es que esta norma también daría las herramientas para que el OEFA desconozca que en sus anteriores supervisiones debía observar cuando entidades como el MINAGRI o gobiernos regionales, no cumplían a cabalidad con el uso de las herramientas de gestión ambiental que tenían[4]. La muestra de que estas entidades podrían dictar medidas administrativas en materia ambiental, son las resoluciones dictadas por el MINAGRI ante monocultivos de palma[5].

La norma debería apuntar al fortalecimiento ambiental, no a ser una puerta para la validación de acciones anteriores, que develan una débil fiscalización ambiental, de la mano de supervisiones inadecuadas.

Ahora, pensar que el problema de la fiscalización ambiental se resuelve solo con una norma, es sin duda alguna, no querer ver la realidad de las entidades que la llevan a cabo. Esta, la fiscalización, se hará efectiva en tanto exista mayor presupuesto, capacitaciones, acceso a laboratorios, tomas de muestras que cuenten con certificación adecuada, entre otros.

Por otro lado, es de observar la imposición de multas al que hace referencia el decreto legislativo, cuyo monto máximo es de 100 UIT. Monto cuestionable e irrisorio, si se considera que las graves afectaciones generadas por los impactos de las actividades económicas y, principalmente, extractivas, son mayores a los S/. 415,000.00 soles. Una multa tan baja estimularía a los contaminadores a incumplir las obligaciones ambientales, ya que en términos económicos asumir el costo de la multa sería más beneficioso que los ingresos generados por el incumplimiento. Sumado a ello, la evasión de la multa se concretiza con la judicialización de la misma.

Me pregunto entonces, si los grandes titulares mineros sopesarán el riesgo de la multa, con el incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

También es preocupante la disposición complementaria transitoria que plantea que los Planes de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, deberán recién ser presentados cuando el Ministerio del Ambiente apruebe las guías técnica. Esto sólo alarga más la vida de los botaderos y limita al OEFA a que no puedan realizar las acciones de supervisión respectiva, hasta que se aprueben las guías técnicas.

¿Esto es fortalecimiento ambiental? ¿De esta manera, hacemos frente al fortalecimiento de la fiscalización ambiental y a los impactos del cambio climático?

La importancia de la fiscalización ambiental, no sólo se traduce en términos económicos como algunos y algunas quieren señalar. La fiscalización ambiental es importante en tanto permite el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y que su enfoque sea transversal. Adicionalmente, la fiscalización en dicha materia nos abre la puerta a la tan anhelada justicia ambiental y a entender que, el derecho a un ambiente sano y equilibrado es también un derecho fundamental.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para reafirmar mi compromiso con la defensa del buen vivir y la búsqueda de la justicia ambiental.


Marco Antonio Arana Zegarra                                                                             Congresista de la República 


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[1] Las EFA son aquellas que cuentan, entre sus funciones, con facultades para ejercer la fiscalización ambiental.

[2] La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) ya contempla en su artículo 236°, que las entidades estatales podrán dictar medidas de carácter provisional, a fin de garantizar que la resolución final del procedimiento administrativo sea eficaz.

[3] Aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM

[4] Las herramientas de gestión ambiental son aquellas normas, lineamientos, formatos, que viabilizan las acciones de fiscalización ambiental, en sentido amplio.

[5] http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resol-direccion-general/2016/agosto/rdg407-2016-minagri-dvdiar-dgaaa.pdf


Escrito por

Marco Arana Zegarra

Cajamarquino, sociólogo. Ecopolítica y derechos humanos. Líder de Tierra y Libertad.


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