(Intervención en el Pleno del Congresista Marco Arana del 5 de setiembre de 2018)

Fenómeno del Niño y el Cambio Climático 

Las graves afectaciones que sufrieron las poblaciones más vulnerables del país ante los efectos del Fenómeno del Niño ocurrido entre el 2016 y 2017 están también relacionadas con el cambio climático. El Perú, lo sabemos, es el tercer país del mundo más vulnerable frente a la problemática del cambio climático y venimos siendo víctimas de sus efectos.

Ante ello, desde mis funciones legislativas no podía dejar de atender dicha problemática. Es por ello que, desde mi gestión como Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología durante la legislatura 2017-2018, propusimos y logramos que en abril del presente año se promulgue la Ley Marco de Cambio Climático. El debate previo a la creación de la Ley en mención permitió visibilizar las manifestaciones del cambio climático, en climas extremos. Esto es, temporadas de frío y de calor cada vez más intensas.

El Fenómeno del Niño afecta, entre otros aspectos, a la agricultura y por tanto a la alimentación. No olvidemos que en el Perú cada pequeño agricultor alimenta a 15 peruanos. Otro de los efectos del Fenómeno del Niño, son las afectaciones directas a la salud ante nuevos vectores que transmiten enfermedades; lo cual va ligado a las limitaciones de acceso al agua. A ello, debemos sumar que este fenómeno genera escasez de agua en zonas en las que se acentúan las sequias y, ante las fuertes lluvias, se dan inundaciones que permiten, entre otros, el arrastre de sustancias contaminantes o el colapso de infraestructura hidráulica o sanitaria.

El cambio climático, materializado esta vez en el Fenómeno del Niño, nos golpeó a todos y en diferentes partes del mundo. Sin embargo, debemos asumir nuestra responsabilidad para con el planeta, al cual hemos impuesto un modelo de desarrollo y crecimiento contaminador; el cual ahora muchos nos esforzamos en cambiar y otros en se esfuerzan en mantener porque privilegian sus tóxicos negocios.

Neoliberalismo y Reconstrucción

El Estado debería ser eficaz y eficiente para lograr la reconstrucción de nuestro país. La defensa y respeto de la dignidad humana y, de la comunidad social, debe desarrollarse en armonía con el medio ambiente, este debiera ser su fin supremo. Sin embargo, el marco constitucional que tenemos busca lo contrario. La visión neoliberal que rige, nos ha llevado a tener un Estado débil, en el cual la inversión está por encima de los derechos fundamentales. La política económica neoliberal necesitó el Estado mínimo y para ello, bajo el propósito de “modernización”, desmanteló muchas de sus atribuciones y capacidades para convertirlo en un mero tramitador de concesiones, rematador de los bienes públicos y, promotor de inversiones que favorezcan intereses particulares.

Un Estado así renunció a planificar, a prevenir, a supervisar, fiscalizar y sancionar. Un Estado así fue “sorprendido” por eventos cíclicos como el Fenómeno del Niño como lo está siendo ahora frente a las heladas en las regiones del sur del país, las cuales están cobrando decenas de vidas de una población olvidada por su propio Estado.

Piura y Tumbes han tenido impactos históricos muy duros frente a cada Fenómeno del Niño y aún ahora en tiempos de intensificación del cambio climático, siguen siendo olvidados.

Es el Estado “capturado” por una visión económica única, la cual no permite que la institucionalidad ambiental avance y se fortalezca. En peor situación están los pueblos indígenas, cuya visión de desarrollo y sabiduría ante los efectos climáticos no son considerados.

Reconstrucción y Debilidad del Fortalecimiento Institucional

En la información que ha trabajado la Comisión del Congreso sobre la reconstrucción se informa que el 6% del presupuesto total (26, 655 000 000 de soles) de la reconstrucción se destina al fortalecimiento institucional. ¿Qué está entendiendo el gobierno del presidente Vizcarra por fortalecimiento institucional para la reconstrucción?

El Premier Villanueva, en su presentación ante el Congreso de la República, no ha dicho nada sobre cambios en la normativa orgánica del Instituto Nacional de (INDECI); sobre la implementación de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD); nada acerca de mayores recursos y logística para el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) de mayor presupuesto para el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los COERs, para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) encargado de “generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible”, cuyos científicos están con sueldos miserables y con una logística disminuida (de 1.832 estaciones meteorológicas e hidrológicas, solo 864 están operativas, es decir 53% están inoperativas).

Tampoco ha mencionado por cierto cómo se va a fortalecer institucionalmente el sistema descentralizado de prevención e intervención en desastres. No podemos olvidar que, en el desastre ambiental y social del año pasado, los COERs emitían información que no coincidía con la que tenía el COEN lo que repercutía sin duda en la capacidad de respuesta oportuna del Estado frente a la dramática situación de millones de peruanos y peruanas.

¿Cómo ese 6% del monto total de inversión en la reconstrucción se está utilizando en el fortalecimiento institucional de los gobiernos regionales y locales para reordenar y planificar su territorio de manera que se reubiquen poblaciones asentadas en cursos de quebradas, y lechos de ríos y suelos deleznables? Asimismo, ¿cómo se sancionará a los traficantes de tierras y malas autoridades que apoyan asentamientos humanos en zonas de alto riesgo de desastre?

Reconstrucción, Negocios Privados, Buen Gasto Público y Lucha Contra la Corrupción

La información existente muestra que, de 3500 proyectos, con una meta de inversión pública de 7,078 millones de soles son 3,000 millones de soles que se han ejecutado a través de asociaciones público-privadas (APP), lo que representa el 42.9% del monto total de inversión. Como sabemos, las APP han sido diseñadas como parte de la privatización del gasto público y del debilitamiento del Estado puesto en marcha por las políticas neoliberales impulsadas en el marco de la Constitución Política fujimorista.

Desde las investigaciones de la corrupción del caso Lava Jato sabemos que las APP “fueron utilizadas como vehículos para el robo de recursos del erario público al más alto nivel, por autoridades políticas y funcionarios del gobierno central”.[1]  Entonces es legítimo preguntar al Premier ¿cómo piensa el gobierno fortalecer la institucionalidad pública para la prevención y respuesta al desastre climático así como cuál es plan anticorrupción que acompañará a esta mega inversión pública?

Cabe hacer notar que la Contraloría General de la República ha advertido de contratos destinados por el gobierno regional de Piura, los cuales ante el mal manejo advertido oportunamente fueron paralizados. Ello, sin duda afectó, como siempre, a los más necesitados, a las poblaciones afectadas.

Puntualmente, si la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República manda que exista una adecuada participación ciudadana en el control social de las inversiones públicas, es legítimo preguntar: ¿cuántos comités de control ciudadano se han formado, capacitado y acreditado para supervisar y fiscalizar el inmenso gasto público comprometido en miles de obras de reconstrucción?

Reconstrucción, Fenómeno Climático y Riesgos Mineros

Son muchos los desastres y afectaciones generadas por las actividades mineras, los cuales están asociados a episodios de lluvias extremas que debieron ser previstas por los titulares mineros. Recordemos que las normas en minería y ambiental, prevé –por nuestra geografía y características propias como país– mayores niveles de seguridad ante riesgo. Normas que no son cumplidas por los titulares mineros.

Así, derrames de relave como los de Antamina en Ancash y Tantahuatay en Cajamarca; Ancoyo, provincia de Castilla en Arequipa; minera Arasi en la provincia de Lampa en Puno (2016); minera Shahuindo en Cajamarca y Huancapetí en Áncash (2018); en la mina Tucari en el distrito de Carumas, Moquegua [2] , son la muestra de esa relación entre fenómenos climáticos e irresponsabilidad empresarial.

Durante el Fenómeno del Niño en el 2017, las autoridades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), alertaron sobre cómo los excesos de lluvias podían impactar en 17 relaves mineros reconocidos formalmente en la cuenca del río Rímac. Estas relaveras contienen miles de toneladas de arsénico, plomo, cadmio, aluminio y otros residuos mineros que están drenando o podrían deslizarse sobre la cuenca de dicho río.

Diversos medios de comunicación informaron que “a propósito de las lluvias, todo ese material tóxico podría deslizarse hacia el río Rímac y contaminarlo” y por ello durante las intensas lluvias del fenómeno costero informaban que “el OEFA comprobó que los canales de coronación, que sirven para mantener la estabilidad de los relaves, estaban colmatados”. También detectó que las mantas de cobertura estaban en mal estado, incluso con agujeros y cortes”[3].

El Premier debiera responder ante el Congreso de la República qué medidas se van a adoptar en el marco del Plan Nacional de Reconstrucción para fortalecer la institucionalidad ambiental del MINAM. Asimismo, debiera responder por cómo actuarán las procuradurías y fiscalías ambientales, para hacer frente a las irregularidades cometidas por empresas extractivas que las vuelven peligrosas frente a la intensificación de los fenómenos climáticos cada vez más extremos.

En esa misma línea, el MINEM y el SENACE deberían buscar que las empresas mineras adecúen sus EIAs para emprender acciones eficaces de manejo de sus operaciones en base a la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 30754) de manera que haya prevención y se evite el riesgo de desastres ambientales.

El Premier Villanueva ha omitido informar qué acciones están previstas frente a estas amenazas claramente identificadas y, ciertamente, exigiremos que complete su informe indicando que no deberá ser con el gasto público de la reconstrucción que se cubran las externalidades ambientales de empresas mineras que incrementan sus ganancias a costas de ahorros en medidas ambientales.

La Adaptación y Mitigación al Cambio Climático: Una nueva mirada para la reconstrucción

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el cambio climático implica que el gobierno revise el enfoque ambiental en la política de reconstrucción, ya que sigue siendo sectorial y no es transversal. Asimismo, la adaptación al cambio climático ya no es un “puede ser”, sino un “debe ser”. El gobierno debe saberlo y tenerlo en cuenta en la política de recosntrucción “con cambios”.

El cambio climático no es un curso natural, es respuesta a formas de un mal desarrollo que ha instrumentalizado y mercantilizado la naturaleza. Por ello, la política de reconstrucción, no puede desentenderse del enfoque de justica ambiental y estar ajena a la mitigación y adaptación al cambio climático. Las obras por reconstrucción no pueden generar más afectaciones, sino por el contrario deben estar orientadas a hacer frente a los posibles escenarios climáticos teniendo en cuenta los derechos de las futuras generaciones. No se puede seguir dando respuestas y gastando ingentes recursos para solo dar respuestas de corto plazo y sin visión de futuro.

¿Dejaremos a nuestras generaciones futuras un país sin posibilidad de reconstruirse? Respondámonos esta pregunta con acciones y metas concretas.

Conclusiones:

Los problemas más grandes del plan de la reconstrucción frente a los daños del Fenómeno del Niño que implementa el gobierno del presidente Vizcarra están relacionados con:

1. El Estado neoliberal, débil, sin capacidad política para la planificación, supervisión y fiscalización para el oportuno y buen gasto público, con mecanismos claros y eficaces para prevenir la corrupción;

2. La debilidad del Estado y la privatización del gasto público a través de las APP que no cuentan con adecuados mecanismos para el sistema control de la Contraloría General de la República;

La débil institucionalidad ambiental debido a la falta de un enfoque de justicia ambiental y gestión pública intersectorial que le impide contar con políticas adecuadas a la planificación territorial y un diseño del plan de reconstrucción bajo lo normado en la Ley Marco sobre Cambio Climático y, la prevención y gestión de riesgos;

3. El gobierno central (presidido por un expresidente regional y con un premier también con la misma experiencia), debe saber que es el centralismo el que impide la toma de decisiones oportunas, adecuadas y priorizadas para la atención eficaz de las necesidades de los sectores más vulnerables. Es hasta una exigencia de ética pública, que se mejore la acción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de manera que la ejecución del gasto público, que sí tiene grandes recursos, no sea tan lenta cuando lo que está en juego es la vida y la seguridad de los más pobres.

4. Es la población más necesitada, la que se ha visto afectada en sus viviendas, acceso al agua y, saneamiento; así como, ante una inadecuada alimentación debido a los grandes daños en la producción de los pequeños y medianos agricultores del norte del Perú.

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[1] BACA, Epifanio. Las Asociaciones Público Privadas en Perú. ¿Beneficio Público o Negocio Privado? Lima, 2017 http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2017/09/Estudio-APP.pdf

[2] Todos estos casos asociados a episodios de lluvias no previstas por las unidades mineras están documentados por el OEFA y no son procesos nuevos, sino recurrentes. El año 2002, Yanacocha reconoció oficialmente los episodios de muertes masivas de truchas en Granja Porcón debido a que una tormenta “provocó la movilización de sedimentos del área de operaciones de Yanacocha a la piscigranja” en más de tres episodios. Ver pág. 66 http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/Balance-Social-2002.pdf

[3] https://larepublica.pe/sociedad/1070486-el-rio-rimac-en-constante-amenaza-por-17-relaves-mineros