En una reciente asamblea de líderes amazónicos el gran Apu Santiago Manuin dice: "Para nosotros no es nuevo hablar de tierra y libertad, porque queremos vivir libres en nuestro territorio no solos, con nuestras familias; no sometidos, sino respetados. La sociedad del buen vivir no es sólo para nosotros, sino para toda la patria, para toda la humanidad. Luchamos porque se respeten nuestros derecho a vivir en paz entre nosotros, en paz con la tierra, el agua, los bosques, los animales, vivir en paz con todos".

TIERRA Y LIBERTAD EN LA AMAZONÍA

Como muchas veces se nos ha enseñado en las escuelas, la Amazonía no es la tierra inmensa de recursos naturales inagotables, de lugares y paisajes exóticos e inalterados, territorio lleno de peligros por la flora y sobre todo la fauna salvaje que acecha, y de unos pocos habitantes que hallándose en condición de "salvajes" necesitar ser civilizados, asimilados y modernizados para que salgan de su pobreza y arcaísmo.

No! Esa no es la Amazonía.

La Amazonía peruana está habitada por más de 300 mil miembros de pueblos indígenas que representan a más de 1600 comunidades, con 42 lenguas diferentes, que reivindican 20 millones más de hectáreas para titular de un total de 78 millones de hectáreas que tiene toda la Amazonía del Perú.

Algunas cuencas como las de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y el Marañón, en Loreto, han sido tan contaminadas por cuatro décadas de operaciones petroleras (estatales y privadas) que hasta el mismo Congreso de la República y el Minam debieron declararlas, después de varios años de reclamos indígenas, en situación de emergencia ambiental.

Otra parte de la Amazonía como Tamshiyaku, cerca de la ciudad de Iquitos y también en la región de San Martín, avanzan miles de hectáreas que están siendo deforestadas para dar paso al avance de la palma aceitera que promueve, con leyes hechas a la medida, el poderoso Grupo Romero. El régimen laboral especial que creó Alan García para los trabajadores de la agroindustria contribuye al mayor enriquecimiento de los inversionistas a costa de la sobre explotación de los trabajadores, privilegios tributarios y magras tarifas por uso de agua, en estos tres aspectos se centra la clave de la "mayor competitividad" de este sector que pretende expandirse aún más.

Por su parte, los mineros ilegales hacen de las suyas no sólo dragando lechos de ríos y deforestando, como lo han hecho de manera más dantesca en Madre de Dios, sino que también ingresan en la región de Amazonas de la mano de mineros ilegales brasileños en Imazita. El mercurio que utilizan no sólo es grave porque va a parar a los ríos y contamina la flora y fauna, ingresando a la cadena trófica que redimensiona o amplifica el potencial daño para los depredadores mayores, incluida la población humana sino porque siendo el mercurio un metal que se vaporiza por encima de los 18 grados centígrados, en realidad, el lugar en que se manipula el tóxico metal se convierte sin más en un verdadero horno de vapor de mercurio, que puede ser mucho más letal como ocurrió en el mayor desastre de derrame de mercurio metálico del mundo ocasionado por Yanacocha en Choropampa, provincia de Cajamarca en junio del año 2000.

La deforestación ilegal amenaza con extenderse como un cáncer metastásico que crece en la medida que se alimenta de su hábitat vivo que poco a poco va muriendo. Esta actividad se desarrolla bajo el manto de los permisos legales que dice van a forestar pero son verdaderas puertas abiertas para deforestar legalmente aún más, debido a la corrupción y la falta de fiscalización estatal.

El azote de estas actividades económicas es aún mayor e indignante porque muchas de las hijas de los pueblos indígenas y otras mujeres traídas de otras regiones del país terminan siendo carne en venta para los que consiguen dinero de las actividades económicas ilícitas. A lo cual se suma la prostitución consentida y que en ciudades como en Iquitos o Huampami en el distrito del Cenepa que llegan a formar parte del mayor mapa de infectados por VIH que se conozca en el Perú y esta vez, la clientela en riesgo proviene de los ingresos de las actividades lícitas e ilícitas que se mezclan y retroalimentan.

El narcotráfico pone su cuota de hidrocarburos residuales y ácido sulfúrico, de deforestación para fomento de la siembra de coca ilegal y construcción de aeropuertos clandestinos que, gracias a la corrupción, un día son destruidos con gran despliegue publicitario y otro día son habilitados o vueltos a construir en zonas "más seguras". La represión estatal es poco eficaz. Uno de los legados del gobierno de Alan García fue que el Perú desplazó a Colombia en la producción de cocaína en curiosa coincidencia con el entusiasmo de García para dar la gracia del indulto presidencial a condenados por narcotráfico.

Los pueblos Awajún y Wampis que hasta la década de los 40 del siglo pasado combatían a muerte entre sí, aprendieron a unirse frente a la mayor amenaza que venía de afuera para arrebatarles sus tierras, someterlos, esclavizarlos como ocurrió en la nefasta época del caucho en el Putumayo, actividad económica que prometía sacar a la Amazonía de la pobreza pero que sólo trajo el mayor genocidio amazónico que se haya conocido. La empresa inglesa Peruvian Amazon Rubber Company que se enriqueció hasta que otras empresas lograron hacer plantaciones de caucho en Indonesia y Birmania. El empresario peruano dirigió la empresa cauchera, un tal Julio César Arana del Águila, nunca fue procesado y terminó su vida habiendo llegado ser elegido como senador de la República por Loreto. Fueron amasadas grandes fortunas sobre la base de abusos, graves daños ecológicos y genocidio de los Huitotos es una historia que, con nuevas características, se quiere volver a repetir. Pero esta vez los pueblos indígenas amazónicos saben que son sujeto de derechos y la mayoría de peruanos no estamos dispuestos a aceptar su exterminio para favorecer a empresas petroleras, agroindustriales, forestales o constructoras de mega hidroeléctricas en la amazonia. Esa fue la dolorosa y sangrienta lección que nos dejó el baguazo.

Pensar y desarrollar políticas para que el desarrollo amazónico se haga con justicia social y ecológica pasa irrenunciablemente porque se titulen los territorio de los pueblos indígenas que actualmente tiene sólo poco más de un millón ochocientas mil hectáreas pero reclaman razonablemente que sean 20 millones de las 78 millones de hectáreas que tiene la Amazonía peruana. Pasa también porque se reconozca como vinculante el derecho a consulta previa, libre e informada de decisiones gubernamentales que afecten sus territorios. Pasa porque se detenga la minería y la deforestación ilegal y la instalación masiva de agroindustria de monocultivo. Se trata de contar con nuevas políticas públicas que promuevan el desarrollo en base a la biodiversidad, las múltiples formas de turismo, las reforestación y sobre las actividades extractivas que ya están presentes tengan eficiente y eficaz fiscalización ambiental.

El desarrollo amazónico pasa también porque se promuevan proyectos de inversión que tengan como unto de partida la mejora de la inversión en calidad educativa, ciencia y tecnología desde el conocimiento de los saberes tradicionales de los propios pueblos amazónicos para producir medicinas, cacao, café, piscicultura, uso racional al de madera, producción de hidroenergía en pequeñas y medianas infraestructura para satisfacer mercado interno y con capacidad de generar excedentes para comercialización en mercados internacionales que prioricen el comercio justo, con certificaciones ambientales de los cuales los propios pueblos indígenas amazónicos que así lo quieran sean sujetos protagónicos y no vistos como "perros del hortelano"  como los defensores del modelo extractivista neoliberal. 

Otro desarrollo para la Amazonía y para el Perú es posible.