02.Marzo.2015

La problemática que aqueja a los pueblos indígenas amazónicos de esta parte del país está relacionada con los graves problemas de tifoidea debido a los deficientes servicios de agua y saneamiento que son inexistentes y, cuando existen, no cubren a toda la población o simplemente están funcionando mal, como pasa en el centro poblado menor La Poza, Distrito del Río Santiago, Provincia de Condorcanqui..

En muchos distritos el abastecimiento de energía eléctrica se da solo por horas, ya sea porque la producción de energía termoeléctrica es muy cara o son deficientes las instalaciones de las plantas hidroeléctricas que están actualmente funcionando. Las pequeñas o medianas plantas hidroeléctricas que se podrían construir no son interés del gobierno centralista. Al gobierno centralista y a la política extractivista neoliberal sólo le interesa la construcción de mega hidroeléctricas para hacer más megaminería o exportar energía por eso las promueve con fervor, mientras los pueblos indígenas siguen excluidos del desarrollo que se sigue pensando sobre la base de los recursos amazónicos, pero sin contar con quienes históricamente habitan la Amazonía, por el contrario, estas mega inversiones se presentan como claras amenazas claras a los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos. 

En Chiriaco, llegan los recibos de luz de la empresa municipal y de la privada (Electro Oriente), ambas abastecen con energía. El servicio es tan malo y los recibos de consumo son tan altos que los usuarios anuncian la realización de un paro en las próximas semanas. 

La situación educativa en estas comunidades indígenas es deplorable. Cientos de profesores fueron despedidos de sus puestos de trabajo por no tener sus títulos de licenciatura. Debieron apertrecharse durante casi un mes en la capital de provincia de Condorcanqui, distrito de Nieva, reclamando por los despidos que consideran arbitrarios. Decenas de escuelas de las comunidades iban a quedarse sin maestros. Al final, el gobierno regional de Amazonas decidió volver a contratar a la mayoría de ellos “solo por un año más”. Como muchas cosas en nuestro país: “después ya se verá”.

Estos días que he estado visitando comunidades indígenas de las cuencas del Marañón, Santiago y del Cenepa, he hablado con varios de los maestros involucrados en la problemática. Entre ellos hay alguno que acaba de obtener su título en la Universidad de la Amazonia de Iquitos, le demoró casi dos años obtenerlo y cada vez que viajaba de su comunidad a la ciudad de Iquitos debía gastar aproximadamente 3,500 nuevos soles. Debe viajar casi dos días por tierra hasta Yurimaguas y de allí tomar avión a Iquitos y, otros tantos días, de gastos para el retorno, además están sus gastos de los días de comida y pensión del camino además de los que ocasionan su permanencia en Iquitos. Evidentemente, con los magros sueldos que los profesores reciben, es casi imposible que la mayoría de maestros no titulados en la Amazonia puedan obtener sus títulos. Sienten que la reforma para mejorar la educación está en contra de los maestros como ellos.

Entre los Apus hablan de que en Nieva debe abrirse una Universidad Indígena con carreras técnicas como agronomía, zootecnia, biología, industrias alimentarias, ingeniería ambiental o forestal, en el que el conocimiento de justicia ambiental y pluriculturalidad para el buen vivir debe orientar las carreras. No quieren convertir la amazonía en territorio devastado por la tala ilegal, las petroleras, la agroindustria del aceite de palma o la soya, la minería ilegal o legal, el narcotráfico. Si ellos han sabido cuidar de la amazonia quieren que el conocimiento y el acceso a la ciencia en una perspectiva pluri e intercultural les sirva, no que los vuelva a colonizar, ni les venda espejitos para arrebatarles sus territorios. En cualquier escenario de desarrollo, incluido el no rechazo a ultranza a actividades petroleras que ya están instaladas pasa por su reclamo a que el Estado termine de darles la titulación de sus territorios y no desconozca el derecho de consulta previo, libre e informado. Saben lo que ha hecho la Pluspetrol en la cuatro cuencas de Loreto, saben de lo que está haciendo el Grupo Romero en San Martin y Tamshiyaku en Iquitos, saben que los mineros ilegales también están entrando a sus territorios de la mano de mineros ilegales brasileños y ante la indiferencia de sus autoridades y la inmensa corrupción de los funcionarios de gobierno. Saben que muchos en el país no los comprenden por aspirar a un modelo de desarrollo que les permita vivir en paz con la naturaleza, entre ellos mismos y con los demás peruanos. Y, en su sabiduría, saben que cuidar la Amazonía es cuidar todo el planeta tierra.

En cuanto a la problemática del despido de los maestros no titulados que en estos días se están regresando a sus comunidades con su contrato “por un año más”, me queda claro que no basta que el Ministerio de Educación quiera maestros titulados para “mejorar la educación” en las zonas más pobres del país. El problema no se resolverá, si no hay un programa de titulación que apoye a estos maestros y no al estilo del programa que implementó Alan García, que solo sirvió para hacer más mediocre la educación y hacerse de clientelas políticas. La educación tiene que ser una prioridad en el país y tiene que ser pública y gratuita y de alta calidad. Para eso existe el Estado. Pero el Estado neoliberal está en otra, solo le interesa la educación privada. Para el estado neoliberal la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un servicio más que se transa en el mercado: el que tiene más recursos económicos podrá acceder a educación de calidad y las mayorías pobres del Perú deberán seguir siendo condenadas a la exclusión y la marginalidad, con el agravante de que si no se mejora sustantivamente la educación en el Perú, no mejorará la productividad ni la competitividad y, peor aún, no habrá mejoras en la institucionalidad democrática y la solidaridad social, tan necesarias para que en el país pueda haber verdadero desarrollo y no solo crecimiento en base a saqueo y depredación de recursosnaturales. Se trata de que el desarrollo pueda favorecer a grandes mayorías y no solo a unos pocos. 

La amazonia, como la región andina, necesita un modelo de desarrollo que garantice inversiones privadas y públicas no como fines en sí mismos, sino como medios para que el país pueda alcanzar el buen vivir, trabajo con salarios dignos como lo han recordado las multitudinarias manifestaciones de los jóvenes en Lima y todo el país; con garantías para el derecho al agua y no depredación de ecosistemas como lo estamos recordando desde Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Puno, el Valle del Tambo, Tacna, Piura, Loreto, Amazonas o San Martín, con programas efectivos no solo para combatir la pobreza si no también la opulencia que se hace sobre la explotación de los derechos de los trabajadores urbanos o rurales. Sin acceso a derechos básicos como educación y salud, sin protección de condiciones para ambientes saludables, sin políticas para fomentar y apoyar el cambio tecnológico el acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas, sin reforma tributaria para que paguen más los que más tienen y amplíen la base tributaria, sin mayor y más eficiente descentralización para mejor gasto público, sin lucha contra la corrupción y el crimen organizado; el crecimiento económico alcanzado en años anteriores debido a altos precios de los metales en el mercado internacional, el desarrollo y la sociedad del buen vivir no serán posibles. Los peruanos y peruanas seguiríamos anclados en oportunidades perdidas. 

Es tiempo de cambiar, aunque los grandes poderes del país encerrados en su opulencia, sus muros, sus medios de comunicación, se resistan. 

Por fortuna, muchos de los pueblos del país, que crecen cada vez más en ciudadanía, ya lo saben y tienen gran capacidad de resilencia para ponerse de pie después de la gran traición de Ollanta Humala y ni sus leyes de criminalización de las protestas podrán detener las fuerzas que se han puesto nuevamente a caminar para conseguir los grandes cambios.