El candidato Humala dijo a sus electores que harían la Gran Transformación y lo que hizo fue la Gran Traición pues "una cosa era con guitarra y otra cosa con cajón". A los cajamarquinos les dijo que para defender el agua lo llamen “para movilizarse contra la minera abusiva. ¿Quieren oro o agua?", preguntaba en las calles y plazas de Cajamarca. "Agua le respondían" y, generosamente, le dieron su voto. Pero cuando siendo ya presidente de la república se le habían caído dos gabinetes (Lerner y Valdés), dijo que dictaría "en treinta días normas para una nueva minería". Ha pasado cerca de dos años y lo que hizo fue dictar normas para permitir que policías y soldados que utilizaran todo tipo de armas y que pudieran causar daños letales en conflictos sociales queden al amparo de impunidad pues no podrán ser encausados.
Los EIAs de las mineras ahora deberán aprobarse prontamente, bajo amenaza de sanciones administrativas y sanciones a los funcionarios que entorpezcan o impidan la aprobación de los mismos. Se dictaron normas para desproteger el patrimonio arqueológico, procediendo a dar silencio administrativo positivo a las peticiones de los certificados de intangibilidad de restos arqueológicos. El gobierno de Humala promulgó una ley de consulta para los pueblos indígenas y luego dio un reglamento que restringe y dificulta su aplicación, y aun así, frente a las presiones de las petroleras ni siquiera se propone implementarla.
Pero no solo es Ollanta Humala el que actúa así. Aunque su esposa Nadine hábilmente no se ha pronunciado sobre el conflicto que enfrenta al pueblo de Cajamarca contra Yanacocha por el proyecto minas Conga, seguramente habrá un día una entrevista en la revista "Cosas" que nos revelará que Ollanta dudaba, balbuceaba, tenía temor, pero que ella le dijo: "hazlo, debes imponer el proyecto, cambia a Lerner, llama a Valdés, que pongan orden a los antimineros" y entonces Ollanta insuflado de valor respaldó en todo a Oscar Valdés y vinieron los heridos, los arbitrariamente detenidos y torturados, los cinco muertos por defender el derecho al agua en Cajamarca, Celendín y Bambamarca.
Pero la resistencia pacífica ejemplar de los Guardianes de las Lagunas nunca cedió. A pesar de que contrataron a "analistas" y "consultores" para que dijeran que los que protestan son "antimineros", "están politizados", "son financiados por oenegés y el narcotráfico", "son irresponsables porque se oponen a las inversiones, al desarrollo, al país", en suma, se oponen a la salvación que generosamente ofrece la minera. Intentando dejar en el olvido que esa todopoderosa minera contaminó a más de un millar de campesinos en Choropampa (2000); tuvo episodios de muertes masivas de truchas en varios ríos; mató a Isidro Llanos Chevarría en Combayo (2006); espió y amenazó a defensores ambientales que no caímos en sus redes de corrupción ni cedimos a sus campañas de demolición mediática (probadamente entre los años 2006-2008 con BTR) y trató de imponerse a sangre y fuego enlutando las familias campesinas el fatídico 3 de julio del año 2012 en que ordenaron disparar desde helicópteros contra civiles desarmados. Allí estuvieron sus medios de comunicación para decir que había que imponer el estado de derecho y su ley.
Paradojas de la historia de la infamia: los defensores del derecho al agua, la planificación territorial, los que propusimos leyes para proteger las cabeceras de cuencas y solicitamos legalmente la prohibición de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, terminamos denunciados y presos. Igual suerte corrieron las autoridades que no abandonaron a sus pueblos. El congresista fujimorista, ex general Oscar Salazar, exigió incluso prisión para el presidente regional de Cajamarca, mientras en Willax TV reclamaban "descabezar a los dirigentes de los campesinos ignorantes que estaban siendo manipulados".
Y luego vendría a intentar lavar las manos el premier Juan Jiménez, el más digitado de los cuatro primeros ministros que el gobierno ha tenido. Lerner, el primero, no se había enterado de que Valdés, lo había ya defenestrado cuando intentó dialogar en la militarizada Cajamarca aquel nefasto diciembre del 2011. Valdés, no necesitaba órdenes para mandar a matar, pues era eso lo que en la escuela militar precisamente le había enseñado a hacer al cadete Ollanta Humala. Juan Jiménez, podría haber sido otra cosa. Era civil y abogado, pero terminó siendo el más mudo y gris de los cabos, acaso sin que se lo pidieran obedecía fielmente no solo al ex comandante, sino también a su señora. Y el premier Villanueva que pasó rápidamente, acusado incluso por Nadine de ser "fujimorista". Del actual primer ministro, Cornejo, ya sabemos que sus cargos políticos son para sacar provecho de contrataciones privadas con el Estado.
Yanacocha tiene las espaldas bien resguardadas. Pero no pueden contra el resguardo que las rondas campesinas están proporcionando a las lagunas de Conga que no van a ser desaguadas para dar paso a los tajos abiertos; a menos que el gobierno ensaye otro capítulo de lo que el periodista cajamarquino, Jorge Pereyra, ha llamado "la barbarie minero-militar". Y aun así, está por verse, pues las rondas campesinas tienen en su hoja de vida haber impedido que la barbarie terrorista se impusiera en la región y se sabe con la fuerza y la organización suficiente para parar la barbarie minera.
Será por eso que Juan Jiménez, el ex primer ministro que en Lima hacía gala de hablar poco, ahora que está representando al país en la Organización de Estados Americanos ha salido rápidamente a declarar, desde Washington, que las “medidas cautelares” solicitadas para paralizar el proyecto Conga “han sido rechazadas”, tratando de desinformar y confundir la realidad de los hechos.
Las abogadas Raquel Yrigoyen y Zulma Villa, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS, luego de documentadas pruebas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado peruano contra los defensores de las aguas, las rondas campesinas y sus líderes, han conseguido en una resolución sin precedentes para el Perú y América Latina, que en un conflicto con empresas mineras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH pida al Estado peruano que otorgue medidas cautelares a favor de 46 líderes/as campesinos/as, además de los miembros de la familia Chaupe y un periodista local para que se "proteja sus vidas e integridad". La CIDH solo otorga estas medidas cuando se han cumplido tres rigurosos requisitos: "calificación de grave y urgente riesgo el cual provocaría daños irreparables".
Jiménez no ha tenido mejor encargo que salir a desvirtuar el carácter de la medida valiéndose de la prensa capitalina que, interesadamente, hace eco de la gran mentira al llegar prácticamente a decir que la CIDH habría terminado "dando luz verde al proyecto minas Conga". Algo completamente falso pues la petición para paralizar el proyecto, que ha sido también presentada por el IIDS, sigue su proceso regular y sobre ella la CIDH aún no se pronuncia. No hay pues ni luz verde ni roja para el proyecto minero, por eso, decir lo contrario, es completamente falaz.
Pero el hoy locuaz Jiménez, esta vez no da puntada sin hilo y lo que busca es respaldar los avances de la construcción del proyecto minero (que nunca estuvo detenido, como tanto se ha mentido) y de paso justificar el incumplimiento de la medida cautelar aprobada por la CIDH contra ronderos y campesinos que, si tienen sus vidas en grave y urgente riesgo, es precisamente porque el Estado peruano lo ha permitido. Por supuesto que la prensa capitalina no publicará titulares como: "Por grave y urgente riesgo, la CIDH otorga medidas cautelares a guardianes de las lagunas" o "Estado peruano debe garantizar seguridad para defensores de las aguas de Cajamarca" y menos aún: "Por riesgos contra sus vidas, la CIDH otorga medidas cautelares a opositores a minas Conga", sino todo lo contrario. La prensa oficialista sigue haciendo su sucio trabajo, exactamente como en los peores tiempos del fujimorismo, por eso publica titulares como:
Peru21: "CIDH rechaza pedido de antimineros de Cajamarca para que se paralice Conga"
Gestión: "CIDH rechaza demanda para cancelar proyecto Conga"
Queda al descubierto que al inmenso poder minero y su gobierno no le interesa una solución pacífica al conflicto generado por Yanacocha y su propósito de destruir el frágil ecosistema hídrico del cual dependen miles de cajamarquinos y el aseguramiento de diversificación económico productiva de la región.
Por eso es que en el Tribunal Constitucional tienen paralizada la acción de amparo contra minas Conga que hemos presentado. Y en el Congreso no debaten ni aprueban los proyectos de ley sobre ordenamiento territorial, protección de cabeceras de cuencas, prohibición de minería que utilicen cianuro y mercurio y se zurran sobre las ordenanzas de protección de la cabecera de cuencas del Municipio Provincial de Celendín (del 2002) y del Gobierno Regional (2011) que declaraban la protección del ecosistema hídrico de la zona de las lagunas de Conga.
Lo cierto es que el gobierno necesita desinformar sobre la medida cautelar porque la CIDH ha desnudado el hecho de que 45 campesinos y campesinas y un periodista que se oponen a la imposición del controvertido proyecto minero tienen en "grave y urgente riesgo sus vidas, las que podrían sufrir daños irreparables". Esa es la verdad y ni el señor Jiménez, ni el gabinete de ministros lobistas que tenemos, ni su prensa áulica van a poder ocultarlo: la justa lucha por la defensa del agua en Cajamarca va a continuar tenazmente y si alguien amenaza la vida de los defensores del agua, de los ronderos y ronderas, de la familia de Máxima Chaupe, de los comunicadores independientes, la responsabilidad va a ser del Estado peruano.
Los accionistas, los dueños de fondos de pensiones que han puesto su dinero en las acciones de minas Conga deben saberlo, y su informante no va a ser el ventrílocuo Jiménez, sino sus abogados y sus asesores de riesgo de inversiones. Esperemos esta vez que prime la razón y la justicia: ninguna inversión, por importante que sea, merece poner en peligro grave y urgente la vida de los ciudadanos de una nación. Aunque eso no nos haga olvidar que en el Perú de hoy existen comandantes Carlos, instructores Valdés y una prensa que al crimen puede disfrazarlo como "estado derecho".
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Para saber más sobre la verdad y el alcance de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a campesinos amenazados por el proyecto minas Conga, dirigirse al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS/ International Institute on Law and Society-IILS.
Tel. 51-1-330-9139 (iids@derechoysociedad.org)
